El Gobierno da marcha atrás y no regulará por ley el uso del "burka"

Fernández de la Vega. (Foto: E. C.).

No habrá veto al "burka" ni su uso se regulará en la ley de Libertad Religiosa. Después de varias semanas de consultas para determinar una posición al respecto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado una decisión clara y unitaria, a pesar de las opiniones discordantes en el seno del propio Ejecutivo socialista.
El debate alentado en Cataluña por el PP y CIU -trasladado después a todo el país- le cogió al presidente con el pie cambiado, pero ahora la postura es definitiva. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado orden a los ministros y responsables del Gobierno de que defiendan en adelante que en España ya existen instrumentos legales para hacer frente a un problema que, dice, ni siquiera es tal en la sociedad. La tesis gubernamental plantea que las mujeres que cubren su rostro y su cuerpo con un velo integral no llegan en España, según los datos oficiales, al centenar. Y esta cifra es, a su juicio, demasiado baja como para que resulte rentable, en términos de convivencia y paz social, situar este asunto en la primera línea de la disputa política.
Derechos ya garantizados
Fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien hace apenas quince días anunció su intención de limitar el uso de una indumentaria «difícilmente compatible con la dignidad del ser humano» en la ley de Libertad Religiosa. Era el primer miembro del Gobierno que hablaba con tanta claridad, lo que hizo dar por hecho que la suya era la postura oficial de todo el Ejecutivo. Pero nada más lejos de la realidad.
José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a guardar en el cajón la reforma de esta ley, una promesa electoral con la que pretendía ahondar en la laicidad del Estado y adaptar el texto a la realidad de los tiempos. Pero, salvo la ley del Aborto, el Ejecutivo ha dejado aparcadas todas las iniciativas que no tengan que ver de manera exclusiva con la economía y la crisis.
Pero ése no es el motivo de fondo para negarse a regular sobre el "burka" o el "niqab". El Gobierno entiende que el límite a la libertad de religión está en el mantenimiento del orden público y en el respeto a la integridad física y moral de las personas, pero insiste en que ambos pueden ser garantizados con la legislación existente. Si una mujer es obligada a cubrirse el rostro, encontraría protección en el artículo 153 del Código Penal, que persigue la violencia física o psicológica en el ámbito familiar. También están contemplados en ese mismo texto los delitos de coacción y tortura. Y la legislación ya permite que se impida entrar con el rostro cubierto en lugares públicos por seguridad.
Por ello, el Gobierno aduce ahora que lo único que persiguen PP y CIU es hacer «electoralismo» al calor de los comicios autonómicos de Cataluña, una comunidad con un elevado índice de inmigración.

Fuente. webislam